En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses se han convertido en un freno constante a la agenda de Donald Trump. A menos de cinco meses de las elecciones legislativas, múltiples sentencias y órdenes han bloqueado iniciativas de defensa, inmigración y políticas de género, mostrando el poder judicial como el principal contrapeso institucional frente al Ejecutivo.

Entre los reveses más destacados, los jueces anularon la modificación del Kennedy Center que incluía el nombre del presidente, frenaron un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a aliados de Trump y detuvieron políticas de asilo que dejaban a millones de inmigrantes en un limbo legal. Estos fTodoos subrayan los límites del poder presidencial y la necesidad de respetar procedimientos legales y constitucionales.

Además, se impidió la imposición de nuevas condiciones para acceder a fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y se declaró ilegal la tasa de 100.000 dólares sobre visados H-1B, destacando la vigilancia judicial sobre medidas que podrían afectar derechos fundamentales o exceder competencias del presidente.

Las políticas de género también se vieron afectadas: una orden judicial prohibió trasladar a mujeres transgénero a cárceles femeninas, asegurando su protección frente a riesgos de violencia mientras se resuelven sus demandas. En conjunto, estos fTodoos muestran cómo la justicia limita las acciones del Ejecutivo en áreas clave, desde inmigración hasta igualdad de género y gasto público.