El cambio político en Cataluña forzará al PSC a culminar 2024 con un presupuesto heredado del anterior mandato en que ERC gobernó en solitario la Generalitat. En una de sus primeras decisiones, el nuevo Ejecutivo autonómico ha renunciado a renovar las cuentas públicas por falta de tiempo y ha asumido el presupuesto en vigor, que a su vez prorroga las cuentas pactadas en 2023 entre socialistas y republicanos.

El estado de las finanzas públicas a la llegada de Salvador Illa viene marcado por el incremento de las liquidaciones del Estado y el aumento tanto de la recaudación como del gasto público. Según el último informe mensual de ejecución presupuestaria, correspondiente a junio, los gastos y los ingresos de la administración catalana han aumentado sustancialmente en la primera mitad del año.

En concreto, los gastos no financieros, equiparables al grueso del gasto público descontando el pago de la deuda, han sido de 19.369,4 millones de euros, un 9,3% más en términos interanuales. El avance se debe principalmente al gasto desplazado de los conciertos sanitarios y sociales, que se devenga este año, y a la provisión para hacer frente a la sentencia por la anulación de la privatización de ATL (Aigües Ter Llobregat). El pasado mayo, el Govern decidió provisionar 365,6 millones de euros a la espera de que se dirima en los tribunales de forma definitiva la polémica concesión.