La Comisión Europea endurecerá de forma significativa su política energética al prohibir que los operadores comunitarios mantengan contratos de compra de gas ruso a partir de 2027. La medida afectará tanto a contratos de largo plazo como a suministros estratégicos aún activos, en un intento de cerrar definitivamente la dependencia energética del bloque respecto a Rusia tras la guerra en Ucrania.

El calendario de aplicación ya está definido: los contratos de corto plazo se han ido eliminando progresivamente desde 2026, mientras que los de largo plazo podrán seguir funcionando solo hasta finales de 2026 en el caso del GNL y hasta 2027 en gas por gasoducto, con una posible extensión limitada en casos excepcionales. A partir de ese momento, los operadores europeos estarán obligados a suspender estos acuerdos, lo que previsiblemente obligará a reconfigurar parte del suministro energético en países con alta exposición.

El impacto no es menor, ya que varias compañías europeas mantienen compromisos multimillonarios vinculados al gas ruso, y la UE reconoce que la transición podría generar tensiones legales y arbitrajes internacionales. Bruselas, no obstante, defiende que la medida es necesaria para reducir riesgos geopolíticos y reforzar la autonomía energética del bloque en un contexto aún marcado por la inestabilidad internacional.